PP critica que la reforma «propagandística» para endurecer controles de los campamentos vascos ya que «no aporta nada»

PP critica que la reforma «propagandística» para endurecer controles de los campamentos vascos ya que «no aporta nada»

De Andrés afirma que «no hace falta ninguna otra ley», puesto que el Código Penal ya contempla los supuestos delitos denunciados en Bernedo

VITORIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) – El presidente del PP en Euskadi, Javier De Andrés, ha criticado la reforma «propagandística» que el Gobierno Vasco quiere efectuar en la Ley de Juventud para endurecer los controles en los campamentos juveniles, ya que «no aporta nada» y el Código Penal «ya contempla» los supuestos delitos denunciados en los pasados ‘udalekus’ de Bernedo (Álava).

En rueda de prensa en el Parlamento Vasco, De Andrés ha acusado a PNV y PSE-EE de «inventarse unos artículos que no aportan nada, ya que ya están aprobados por el Código Penal» ante su «absoluta pasividad» e «irresponsabilidad» a la hora de actuar en relación con los ‘udalekus’ de Bernedo, cuando «conocían sus actitudes inaceptables desde 2023».

En este sentido, ha recordado que la Diputación de Gipuzkoa tuvo conocimiento ese año de «conductas inadecuadas» de sus monitores y tomó la decisión de sacar a los niños, así como no volver a contratar los campamentos con esa asociación; unos hechos a los que ha sumado las denuncias que algunos padres interpusieron en 2024 y que la Ertzaintza «incluso las traslada al juez».

Tal como ha reprobado, todo esto, de lo cual ha tenido conocimiento tanto la Diputación de Gipuzkoa como el Gobierno Vasco, no da lugar a la suspensión de las actividades en el año 2025, ni a ninguna otra medida judicial que impidiera esos ‘udalekus’ y tomara las consecuencias que fueran precisas para quienes habían intervenido en ellas».

A juicio del PP vasco, los hechos denunciados en Bernedo son «una vulneración del Código Penal», por lo que «no es necesaria ninguna otra ley para impedir que se produzcan hechos como los conocidos, ya que, obviamente, la ley nacional ya establece que no puede haber ese tipo de conductas con los niños».

Por ello, Javier De Andrés ha reprochado que «las cuatro medidas» que el Ejecutivo Vasco quiere tramitar ahora de urgencia en la ley «no aportan nada al problema», porque, según ha argumentado, «ya están contempladas» en una ley orgánica, del 4 de junio de 2021 a nivel nacional, y también a nivel autonómico en otra ley orgánica de 15 de febrero de 2024.

Según ha trasladado, dichas normativas ya establecen «el asunto central» de la nueva ley que quiere tramitar el Gobierno Vasco respecto a la necesidad de presentar un certificado negativo del requisito aceptante de delincuentes sexuales y delincuentes de seres humanos, «un requisito muy frecuente para monitores de tiempo libre, entrenadores, profesores y para cualquiera que tenga relaciones con la infancia».

El presidente del PP vasco ha reiterado que la ley ya estipula comprobar que todas las personas que desempeñen actividades que impliquen contacto habitual con menores, acrediten mediante certificación negativa de registros mentales de encuentros sexuales y de tratas de seres humanos.

«ES UNA MENTIRA»

Para De Andrés, «el Gobierno Vasco está mintiendo» dentro de una «fórmula propagandística» para aprobar urgentemente una ley que ya está en vigor, porque «lo que se ha vulnerado en Bernedo es el Código Penal» y «no la reglamentación de campamentos», ya que «las obscenidades conocidas y esas actitudes tan reprobables están tipificadas en el Código Penal».

«Esta ley tan urgente, que parece que sin estas cuatro medidas que ya estaban aprobadas no se van a poder parar los ‘udalekus’ de Bernedo, ocultan la ineficacia del Gobierno Vasco para haberlos parado en 2023 y en 2024. Pretender hacer creer que es falta de una legislación por la cual no pudieron actuar anteriormente y eso es mentira. Lo que ha habido es una enorme pasividad», ha denunciado.

El PP ha señalado que el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa «tiene una responsabilidad» por «no haber hecho nada» para parar esos campamentos. «No vale que ahora tapen su ausencia, haciendo creer que no había una ley que ya impedía ese tipo de actitudes desde 2021. Lo que ya estaba en vigor desde el año 2021, lo vuelven a refritar ahora para hacer creer que toman decisiones», ha manifestado.

Por todo ello, el presidente de los populares vascos ha achacado la falta de respuesta institucional a una «absoluta pasividad». «Lo que no han hecho no ha sido porque no hubiera un soporte legislativo, era porque han tenido una absoluta pasividad que tendrían que explicar, igual en sede judicial, porque no sé cómo es posible que hayan dejado que ocurrieran las cosas que ya todos sabemos», ha zanjado.